La racionalidad en la prueba: hacia una teoría argumentativa

En el proceso, los hechos no se descubren: se reconstruyen. Pero esta reconstrucción —que da lugar a decisiones que restringen derechos fundamentales— no puede quedar al arbitrio de intuiciones personales ni a fórmulas formalistas. Esa es la tesis central que recorre Argumentación jurídica y prueba de los hechos, obra de Perfecto Andrés Ibáñez y Daniel González Lagier, publicada por Palestra Editores.

La obra parte de una afirmación inquietante: la lógica de la decisión sobre los hechos sigue siendo, en buena medida, una “zona de penumbra” del derecho procesal. A pesar de que el discurso jurídico ha avanzado enormemente en la construcción de garantías, persiste una distancia entre las exigencias de racionalidad argumentativa y el modo efectivo en que se valoran las pruebas en sede judicial.

Andrés Ibáñez —referente en la transformación garantista del proceso penal español— y González Lagier —especialista en argumentación y filosofía de la prueba— articulan un marco teórico en el que el conocimiento judicial debe ser el resultado de una inferencia pública, controlable y sujeta a reglas de justificación racional. No basta con que una decisión sea “convincente”; debe poder ser defendida en el plano epistémico.

Entre los aportes más relevantes del libro destacan:

• Una crítica a la noción de “íntima convicción” como criterio de valoración probatoria, por su opacidad y escasa exigencia justificativa.
• Una reconstrucción del juicio probatorio a partir de las teorías de la inferencia (inductiva, abductiva y analógica), conectándolas con estándares de prueba y estructuras institucionales.
• Una defensa de la necesidad de articular un modelo de argumentación fáctica, en el que las inferencias sobre los hechos se sometan a exigencias de coherencia, suficiencia, plausibilidad y refutabilidad.
• Una reflexión sobre la función del juez como garante del razonamiento racional y no como árbitro de creencias privadas.

Todo esto se inserta en una concepción del proceso penal no como ritual procedimental, sino como institución epistémica al servicio de la legitimidad del castigo estatal. En este sentido, la obra no solo tiene un valor teórico, sino que plantea implicancias directas para la práctica: desde la formación judicial hasta los estándares de motivación de las sentencias, pasando por la crítica a automatismos como la prueba indiciaria débil o el uso mecánico de presunciones.

En tiempos de presión mediática, populismo penal y tecnologización de la prueba, Argumentación jurídica y prueba de los hechos devuelve al centro del debate una pregunta esencial: ¿cómo justificamos que alguien sea declarado culpable?

📚 Disponible en Palestra Europa.